El caso New Business plantea la posibilidad de establecer un precedente que restrinja a las empresas que licitan con el Estado de tener actividades comerciales privadas.
Según el abogado Isaac Brawerman, esta situación podría tener implicaciones importantes para las empresas que contratan con el Estado.
Brawerman, en declaraciones al portal digital La Verdad, expresó que recibir fondos públicos por contratos con el Estado no implica necesariamente que todos los fondos de una empresa sean considerados públicos.
Destacó la importancia de diferenciar entre los fondos públicos utilizados para otros fines, como el peculado y los recursos privados de la empresa para llevar a cabo negocios independientes.
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El abogado argumentó que cuando una empresa licita con el Estado y recibe fondos públicos, es en contraprestación a los servicios que brinda. Por ejemplo, si una empresa obtiene un contrato para construir una carretera, el Estado le paga por ese servicio específico.
Brawerman explicó que los fondos recibidos por la empresa se utilizan para financiar sus operaciones, pagar salarios y proveedores, así como para distribuir dividendos a los accionistas.
Entre contrato público y fondos privados
Brawerman planteó la pregunta crucial: ¿Hasta qué punto se puede considerar que esos fondos son públicos? Una vez que se ha pagado por un contrato público, esos fondos pasan a ser privados. Existe una diferencia entre el contrato que tiene la empresa con el Estado y el servicio que proporcionó, y lo que la empresa hace con sus propios fondos, dijo.
Según la fuente consultada, es necesario analizar detenidamente esta cuestión para evitar confusiones entre el uso de fondos públicos para fines no relacionados y el uso de fondos privados de la empresa para otros negocios; de lo contrario, podría darse el caso de que cualquier empresa que licite con el Estado se vea limitada a realizar únicamente negocios con el mismo, ya que cualquier otro uso de los fondos podría considerarse como públicos.
¡La justicia se muestra sumisa ante el poder!
Por otro lado, el abogado Manuel Calvo expresó que la justicia se muestra sumisa ante el poder y acepta sin cuestionar su autoridad y voluntad, declaraciones dadas al concluir el juicio de New Business. Según él, la fiscalía se mostró sumisa durante la audiencia y se repitió la situación de basar las condenas en testimonios de testigos protegidos.
El caso New Business culminó la semana pasada luego de nueve días de audiencia, en la que fueron encausadas 15 personas y se plantearon cuestionamientos hacia el Ministerio Público por supuesto encubrimiento de los testigos protegidos, considerados como piezas clave en la investigación.
La jueza Baloísa Marquínez ha decidido acogerse al término legal de treinta días para emitir su fallo definitivo, lo cual dependerá de recibir la transcripción completa de la audiencia y resolver los recursos presentados.
